Región
En la cuerda floja alcalde de Casabianca
Actual alcalde de Casablanca, William Cardona Orozco.
Un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó cargos a William Cardona Orozco por presuntas irregularidades detectadas en un contrato de suministro para el mejoramiento de vías del municipio tolimense de Casabianca, el cual celebró en octubre del 2017 cuando se desempeñaba como alcalde del municipio.
De igual manera fue imputado el exsecretario de Planeación, Fabián Hurtado Orozco quien fungió como supervisor, y el contratista Paulo César Huertas Céspedes, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público según sus responsabilidades individuales.
Lo complicado del asunto para William Cardona Orozco es que apenas está arrancando su segundo periodo de alcalde, después de haber ganado en nombre del partido Conservador la Alcaldía en las elecciones del pasado mes de octubre. Cardona ganó con 1.900 votos.
Sobre la imputación que le hace la Fiscalía, se conoció que los hechos materia de investigación se dieron cuando Cardona Orozco fungió como alcalde para el periodo 2016-2019. En ese entonces, en el año 2017 el mandatario adjudicó un contrato de suministro por selección abreviada con Huertas Céspedes, por valor de $95´265.000, el cual tenía por objeto “Contratar la adquisición de materiales e insumos con destino a la adecuación de puntos críticos de las vías y diferentes veredas del municipio de Casabianca, por un término de veinte (20) días”.
El municipio pagaría el valor del contrato una vez se ejecutara el total de las actividades o cuando fueran entregados los productos objeto del contrato. Sin embargo, en el acta final de liquidación, los peritos del CTI del Grupo de Administración Pública de la Seccional Tolima, hallaron múltiples irregularidades ya que se consignó información sobre material que jamás se entregó, y en otros casos, no se hizo de manera completa. El supervisor dio fe mediante acta final que el contratista había cumplido el contrato a cabalidad.
El peculado ascendería a la suma de ocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos ($8´435.000), utilizando como soportes para autorizar dicha apropiación documentos públicos ideológicamente falsos.
Según la Fiscalía, ninguno aceptó los cargos enrostrados.
