Opinión
Radiografía financiera de Ibagué y los desafíos de su próxima Alcaldesa
Por Nicolás Álvarez Bernal - Economista Universidad Nacional de Colombia
Cada año, como un ejercicio de transparencia y compromiso con mis conciudadanos, me sumerjo en el análisis minucioso de las finanzas públicas de Ibagué.
Utilizo como brújula el Índice de Desempeño Fiscal (IDF), esa herramienta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que disecciona la salud financiera de los entes territoriales. Este análisis no es un mero ejercicio académico; es una radiografía detallada de nuestra ciudad, que revela tanto sus riesgos latentes como las oportunidades que se vislumbran en el horizonte.
La próxima alcaldesa de Ibagué, Johanna Aranda, se encuentra ante una encrucijada de desafíos monumentales en su próximo mandato. Educación, seguridad, economía y movilidad son solo algunas de las áreas que requieren una atención inmediata y estratégica. Cumplir con la visión de una "Ibagué para todos" implica un esfuerzo fiscal significativo, especialmente en un contexto donde las promesas electorales deben convertirse en realidades palpables.
En el centro de este análisis se encuentra una alerta que resuena con urgencia: Ibagué persiste en un riesgo financiero considerable. Según el IDF, nuestra ciudad obtuvo una puntuación de 57, colocándonos en la penúltima posición entre las trece ciudades principales, con Montería siendo nuestra única compañera en la parte inferior de la tabla.
Este puntaje, según el DNP, nos sitúa en una condición de riesgo financiero, una señal inequívoca de que enfrentamos desafíos significativos en la gestión de nuestras finanzas.
Este no es un fenómeno nuevo. El eco de la situación del año anterior resuena fuerte, recordándonos que estamos inmersos en una posición vulnerable. Cualquier tropiezo macroeconómico podría desencadenar una crisis económica aguda, y esta persistencia en el riesgo financiero exige una acción inmediata y decidida.
“Johanna Aranda y su equipo enfrentan una ciudad en riesgo financiero, destacado por el Índice de Desempeño Fiscal”.
Al desentrañar las variables que componen el IDF, surge una verdad incómoda: Ibagué depende en un 63% de las transferencias del Gobierno Nacional. Esta cifra revela una falta alarmante de autonomía financiera, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer nuestras fuentes de ingresos propios. Los impuestos del predial, industria y comercio, el ICA, entre otros, son pilares fundamentales que deben robustecerse para reducir nuestra dependencia de las transferencias externas.
La paradoja se intensifica al recordar que durante la campaña electoral, la alcaldesa electa cuestionó vigorosamente al Gobierno Nacional. No obstante, esa misma administración es vital para la ejecución de grandes obras y programas en nuestra ciudad.
La esperanza recae en que en la gestión de la alcaldesa Aranda, el discurso confrontacional se transforme en una colaboración armónica y coordinada. Solo así podremos garantizar que los recursos necesarios fluyan hacia Ibagué y que no seamos los ibaguereños los que paguemos las consecuencias de una relación tensa.
El segundo desafío destacado es la falta de capacidad para ejecutar los recursos, traducida en un superávit fiscal del 26%, una cifra que supera en 14 puntos porcentuales el promedio nacional. A primera vista, un excedente fiscal podría considerarse positivo, pero cuando su magnitud es tan elevada, se convierte en un motivo de preocupación. Mantener un exceso de ingresos fiscales puede desencadenar políticas de austeridad que afecten la demanda agregada, impacten el empleo y posterguen inversiones públicas cruciales.
Si bien algunos indicadores, como la formación bruta de capital, muestran mejoras al pasar de 6,12 en 2021 a 11,4 en 2022, señalando una mayor inversión en activos esenciales, la sostenibilidad a largo plazo sigue siendo incierta. La buena puntuación obtenida en el índice de desempeño territorial refleja mejoras en la gestión de los recursos públicos, pero estos resultados positivos deben respaldarse con estrategias sólidas para fortalecer las finanzas públicas en el tiempo.
En este contexto, la alcaldesa electa y su secretario de Hacienda, Ángel María Gómez, se encuentran ante una tarea titánica. Sacar a Ibagué de la zona de riesgo financiero implica abordar urgentemente dos aspectos críticos: la alta dependencia de las transferencias del gobierno nacional y el excesivo superávit fiscal. La primera requiere una optimización de la recaudación de impuestos, no mediante incrementos, sino eliminando las trabas que obstaculizan el pago oportuno de los impuestos locales. Además, se necesita fortalecer la labor de la Cámara de Comercio, simplificando trámites para incentivar la formalización de emprendimientos y, por ende, aumentar la recaudación.
En la profunda radiografía de las finanzas de Ibagué, se delinean retos cruciales que exigen una transformación inmediata en la gestión de la hacienda municipal. Johanna Aranda y su equipo enfrentan una ciudad en riesgo financiero, destacado por el IDF. La dependencia del gobierno nacional y el superávit fiscal excesivo son vulnerabilidades que requieren abordaje urgente.
La recaudación optimizada, sin incrementos, y una colaboración estrecha con el gobierno nacional son esenciales. A pesar de mejoras en algunas variables, la sostenibilidad a largo plazo necesita estrategias sólidas. La viabilidad de Ibagué depende ahora de decisiones audaces y medidas concretas para impulsar un cambio real en la gestión financiera.
