Opinión
Cannabis: víctimas y Justicia Restaurativa
Por: Felipe Alejandro González Sabogal
Poco se habla de los usuarios de cannabis asesinados, torturados y desaparecidos que fueron víctimas directas de la fracasada Guerra contra las Drogas en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Tal vez por preceptos morales, es una población víctima más difícil de reconocer y reparar.
El concepto de Justicia Restaurativa ha estado en boga por cuenta de los procesos transicionales que se adelantan en el país y el trabajo de las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz que promueven y aplican este enfoque. La esencia de la Justicia Restaurativa se encuentra en las víctimas; y se propone aliviar, resarcir o en algo reparar el daño y la afectación que fue padecida. El escenario de la población víctima en Colombia es lamentablemente amplio, por lo que aquí vale la pena centrarse en uno en específico que ha estado casi invisible y ausente.
En Colombia, parece que existen dos discursos para hablar del tema. Uno sofisticado, novedoso y hasta tierno, que se tiene ante la presencia y operación de multinacionales que explotan el cannabis, para las que se despliega una producción legislativa benéfica, una buena imagen y todo lo que se deriva cuando por encima del interés de un Estado Social de Derecho se sobrepone el interés económico. La otra cara del discurso, es la cercana a la cotidianidad del ciudadano de a pie. Es la que tiene que ver con el ejercicio pleno de Derechos Fundamentales, como la libertad de expresión, camino intrincado de difícil cumplimiento, donde las garantías constitucionales han sido proscritas y vulneradas por el funcionario policial y el delincuente paramilitar.
A lo largo y ancho del territorio, los marihuaneros fueron víctimas invisibles del paramilitarismo, la fuerza pública y la sociedad en general. En los panfletos utilizados por décadas por la mal llamada "limpieza social", junto a homosexuales y trabajadoras sexuales, los primeros amenazados eran los consumidores. "Todo marihuanero es objetivo militar", "marihuanero que se vea tiro y pal caño"; "muerte a marihuaneros", son solo algunas de las expresiones documentadas en los panfletos que por décadas antecedieron al exterminio físico y moral por el ejercicio de Derechos Fundamentales asociados al uso del cannabis en Colombia.
No solo había victimización por parte de la ilegalidad, sino también por cuerpos normativos como el entonces Estatuto Nacional de Estupefacientes que rigió por varias décadas, el Código de Policía del año 71, -vigente hasta hace muy poco - que permitía la retención transitoria, y la fracasada política contra las drogas impulsada por Estados Unidos, fueron herramientas para justificar la desaparición forzada, retención ilegal, tortura y homicidio de ciudadanos usuarios de sustancias psicoactivas, en la gran mayoría de los casos, personas inocentes que ahora ya no están...
En tiempos de Justicia Restaurativa, de la centralidad de las víctimas, y de la intención de en algo de resarcir o aliviar el daño causado, es más que necesario poner la mirada sobre las víctimas del uso de cannabis en el desarrollo del conflicto armado, sobre las familias cercenadas y las madres que tuvieron que enterrar a su hijos por el hecho de optar por una forma de percibir la realidad, simplemente por fumarse un porro. Hoy esas víctimas deben ser recordadas, inmersas en el rió cantado de nuestras memorias, honradas por su padecimiento de mártires y ojalá, sus familias reparadas. Las víctimas por el uso de cannabis también merecen memoria, reparación económica y moral, y hacer parte efectiva de la construcción de paz en los territorios, la Justicia Transicional y Restaurativa.
