Este viernes 29 de abril por fin se cumplió en el Concejo de Ibagué el debate de control político sobre el fracaso del Jamming Festival. Según el concejal Rubén Dario Correa, quien citó al debate, la administración del alcalde Andrés Hurtado dio vía libre para que se cometiera lo que denominó como una "estafa".

A lo largo del debate el concejal Correa, con documentos en mano, trató de demostrar que la Alcaldía fue negligente en el control administrativo hacia Buena Vibra Eventos, empresa organizadora del Jamming, en cabeza de Alejandro Casallas. La Alcaldía tendría responsabilidad penal, política y disciplinaria en el "descalabro' del Jamming, de acuerdo con lo expuesto por Correa.

Promoción del evento, sin permisos

Primero el cabildante aseguró que el alcalde Hurtado, y su exsecretaria de Cultura, Greis Cifuentes, incumplieron la norma al promocionar el Jamming desde noviembre del 2021, cuando ni siquiera contaba con permisos para organizarlo en la ciudad de Ibagué. 

El cabildante citó el decreto 008 del 2003, en su artículo 1, el cual indica que, "constituirá motivo suficiente para negar el correspondiente permiso el hecho de que se anuncie el evento o espectáculo a través de carteles, volantes o medios de comunicación, hablados escritos, sin que sea expedidos los respectivos permiso".

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Y, efectivamente, fue hasta el 16 de enero, según la Alcaldía, y hasta el 24 de ese mismo mes, según Correa, que Casallas solicitó los permisos para realizar el evento. Es decir, dos meses después de empezar la promoción, lo que violaría el decreto en mención. 

Organización del evento avanzó sin requisitos

Asimismo, Correa estableció que también hubo irregularidades en el diligenciamiento del formulario único para la solicitud del Jamming, toda vez que Buena Vibra Eventos presentó a "cuentagotas", con el pasar de los meses, los requisitos exigidos. Esto, sin que la Alcaldía ejerciera la vigilancia y el control necesario para evitar una estafa.

"El 16 de marzo, tras cuatro meses a partir de la fecha de inicio de promoción del evento por parte de Andrés Hurtado, la Dirección de Espacio Público emitió la resolución 0053 del 16 de marzo, por el cual se otorgó el permiso a Alejandro Casallas y se autorizó el Jamming Festival 2022, solo dos días antes de conocerse el siniestro del evento", aseveró Correa.

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¿Se perdieron $2.200 millones en impuestos?

De otro lado, también hubo, al parecer, falta de control en los precios de la boletería. Casallas cambió en varias ocasiones los precios, sin ningún control de la Alcaldía, lo que habría afectado a los clientes y el recaudo de la ciudad, pues dejó de percibir recursos parafiscales por boletería del espectáculo.

A última hora el organizador del evento estableció un monto inferior, que le permitía evadir el pago de parafiscales, sin ninguna acción de la Alcaldía para evitarlo. Así lo señaló el concejal. 

"Con la deliberada reducción en el valor de la boletería, de manera 'unilateral' por parte del organizador del Jamming Festival, el Municipio dejó de percibir el 10 % de contribución parafiscal, esto es una cifra superior a los $2.200 millones, destinados al sector artístico y cultural", explicó. 

Asimismo, quedó en evidencia que Casallas nunca presentó ante la Alcaldía los contratos de los 94 artistas anunciados en la cartelera. Así lo reconoció la misma Alcaldía. Casallas apeló a clausulas de confidencialidad, y solo presentó certificados firmados por él mismo, que la Alcaldía aceptó sin ningún cuestionamiento.

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"La cláusula de confidencialidad se rompe en el momento que una autoridad administrativa la solicita como requisito para cumplir una condición. Esta es la garantía que se le da al consumidor y a la ciudadanía para la realización del evento. En este caso, la autoridad competente, la administración municipal, omitió la verificación de la parrilla de artistas, convirtiéndolos quizá en responsables (cómplices necesarios), de una posible estafa, prevaricato o fraude procesal", arguyó. 

Respuesta de la Alcaldía

Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Berbeo, reconoció que el Jamming Festival fue una estafa, pero enfatizó en que la Alcaldía nada tuvo que ver con la misma. Por el contrario, la Alcaldía también se declaró como víctima de Alejandro Casallas. 

"Esperamos que la investigación de la Fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias, y que las víctimas, incluída la administración municipal, sean declaradas como tal, y sean indemnizadas y reparadas por los organizadores del Jamming", sentenció Berbeo.