“El señor alcalde del municipio de San Luis, señor Guillermo Ignacio Alvira Acosta no quiere dejarse echar tierra del Alcalde de Ibagué, pues en solo 8 meses de 2023 ha contratado una defensa jurídica que le cuesta al municipio 500 millones de pesos”, le dijo a El Cronista.co un exconcejal que pidió reserva de su nombre porque según él, en San Luis denunciar la corrupción no es fácil.

Agregó que es inexplicable que un municipio con unas finanzas raquíticas, ubicado en sexta categoría, que no llega a los 20 mil habitantes, “el alcalde haga una contratación jurídica tan onerosa en un tiempo de 8 meses. Aquí los órganos de control deberían investigar este altísimo gasto y si realmente era necesaria esa contratación”.

De acuerdo con la denuncia, son 19 abogados contratados en un municipio donde la planta de personal no pasa de 20 empleados.  “No hay derecho 20 abogados en lo que va corrido de 2023, es decir 8 meses, por supuesto que ninguno de esos contratistas es de San Luis. Reaccionemos sanluiseños, no podemos permitir que se siga despilfarrando la plata de la salud, de la educación”, dijo el exconcejal.

Los 19 contratos están discriminados de la siguiente manera:

1. Prestación de servicios como abogado para contestar las demandas del municipio de San Luis. VALOR: $ 35.000.000 por 7 meses. $5.000.000 mensuales.

2. Contrato de prestación de servicios como abogado para sustanciar todos los actos contractuales en la secretaria de gobierno de VALOR: $19.000.000 por 7 meses, $ 2.700.000 mensuales.

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3. Contratar los servicios de un abogado para coadyuvar en temas jurídicos de la secretaria de Hacienda. VALOR: $ 30.000.000 por 8 meses. $3.000.000 mensuales.

4. Abogado especializado para que apoye las actuaciones administrativas en la Secretaría de Hacienda VALOR: $ 22.500.000 por 5 meses, $ 4.400.000 mensuales.

5. Contrato para a apoyar la gestión contractual en la Secretaría de Hacienda. VALOR: $ 35.000.000 por 7 meses. $ 5.000.000 mensuales.

6. Contratar los servicios de un abogado para acompañar la titularización de títulos de vivienda. VALOR: $ 12.000.000 por 6 meses, $ 2.000.000 mensuales.

7. Prestar los servicios como abogado para asesorar la secretaria de Hacienda. VALOR: $14.000.000 por 4 meses, $ 3.500.000 mensuales.

8. Contratar los servicios de un abogado judicante para prestar los servicios de judicante en la secretará de Hacienda. VALOR: $9.000.000 por 6 meses. $1.500.000 mensuales.

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9. Contrato de prestación de servicios para brindar apoyo jurídico en la Secretaría de Hacienda. VALOR: $9.000.000 por 3 meses $3.000.000 mensuales

10. Contrato de prestación de servicios para apoyo jurídico y defensa normativa del municipio: $11.000.000 por 3 meses. $ 2.700.000 mensuales.

11. Asesor jurídico para contestar los Derecho de Petición y reclamos al despacho del alcalde. VALOR: $20.000.000 por 5 meses. $ 4.000.000

12. Prestación de servicios para asesoramiento jurídico en instancias policivas. VALOR: 9.000.000 por 3 meses. $3.000.000 mensuales.

13. Prestar los servicios como abogada para recuperar los dineros del municipio que queden en los procesos terminados. VALOR: $18.000.000 por 4 meses. $ 4.500.000 mensuales

14. Servicios profesionales de abogada para consolidad Las cuotas pensionales. VALOR $17.000.000 por 8 meses. $2.200.000 mensuales

15. Servicios de abogada especializada en materia de contratación en el despacho del alcalde. VALOR: $42.000.000 por 7 meses. $6.000.000 mensuales

16. Prestar los servicios como abogada en la Secretaría de Educación. VALOR: $ 12.000.000 por 5 meses. $ 2.500.000 mensuales

17. Prestación de servicios como asesor jurídico para asesorar los procesos de la Corregiduría de Payandé. VALOR: $9.000.000 por tres meses, $3.000.000 mensuales.

18. Prestación de servicios como asesora jurídica en la secretaria de Planeación en la etapa contractual. VALOR: $27.000.000 por 6 meses. $4.500,000 mensuales

19. Prestar los servicios profesionales como abogado en el área labora. VALOR: $35.000.000 por 7 meses, $ 5.000,000 mensuales.

Advierte el exconcejal denunciante que esta contratación corresponde a solo 8 meses de 2023, que falta la contratación de los primeros tres años.