El Consejo de Estado negó las pretensiones económicas que tenía la empresa  Cemex, por los derechos económicos que, supuestamente, le fueron conculcados mientras estuvo vigente la decisión del municipio de San Luis de suspender las actividades de explotación minera que adelanta la empresa en el corregimiento de Payandé.

Para el Consejo de Estado, la decisión de la Alcaldía de San Luis de impedir la continuidad de las actividades en la mina, de manera provisional, se fundó en la adecuada aplicación del principio de precaución, que procede como medida preventiva, ante la falta de certeza científica sobre el posible impacto negativo de una actividad en el medio ambiente.

Todo este episodio tiene que ver con la decisión que en su momento tomó la Alcaldía de San Luis en la que mediante acto administrativo estableció la suspensión de las actividades de explotación minera que adelanta Cemex en el corregimiento de Payandé, debido a que esas actividades extractivas en esa zona estaban generando disminuciones en el caudal de las aguas de la quebrada Chicalá y daños en las viviendas de las personas que habitaban en las zonas circunvecinas.

Esta decisión de la Alcaldía de San Luis contemplaba que la medida se mantendría hasta que el Congreso de la República expidiera mandatos relativos a los límites admisibles para ejercer actividades de voladura en el marco de la minería, sin generar afectaciones severas a terceros.

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Demanda de Cemex

Contra esta determinación de la Alcaldía, Cemex interpuso una demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además de la declaratoria de ilegalidad de la suspensión de actividades, Cemex buscaba que se le restablecieran derechos supuestamente violados por efecto de la medida, en términos de costos financieros por la inejecución de trabajos de explotación en la concesión minera.

Como argumento, Cemex sostuvo que el impacto ambiental sobre las aguas era producto de actividades adelantadas antes del inicio de operaciones de la concesión que estaba a su cargo y que los supuestos daños originados por las voladuras tampoco obedecían a sus actuaciones. Además, cuestionó la autoridad del municipio para suspender una actividad que había sido autorizada y era vigilada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), una medida que, a su juicio, fue desproporcionada.

Concepto del Tribunal

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda. Adujo que la Alcaldía de San Luis sí tenía competencia para emitir la medida y que, aun cuando no estuviera plenamente demostrado el daño, era posible suspender actividades, en aplicación del principio de precaución, que busca prevenir el daño.

Contra esta decisión, Cemex presentó recurso de apelación, en aras a que se dejara sin efectos la medida de suspensión de actividades y buscando el reconocimiento de medidas restaurativas. Sostuvo Cemex, que el Tribunal perdió de vista elementos que demostraban que no era responsable del daño; que la medida sancionatoria era desproporcionada; que no existía un límite legal alrededor de las voladuras, entre otras.

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Se demostró disminución de caudal

Ante esto, el Consejo de Estado determinó que en el proceso sí se demostró la disminución del caudal de las aguas de la quebrada Chicalá, así como los daños estructurales en las viviendas, provocados por la voladura de piedra caliza que se adelanta en el área de influencia del proyecto, pese a la falta de certeza sobre la causa de la afectación.

Ante la constatación de los hechos, el Consejo de Estado sostuvo la viabilidad de que el municipio aplicara el principio de precaución, que se explicaba por las razones científicas que demostraban la existencia de un riesgo que debía ser mitigado, aunque no existiera certeza absoluta sobre su causa y materialización.

De otra parte, el Consejo de Estado declaró nulo el aparte del acto administrativo que establecía que la medida suspensiva se levantaría hasta que el Congreso regulara los límites de las voladuras en la actividad minera. A pesar de que esa condición para permitir la reanudación de actividades era ilegal, la sala constató que la empresa no sufrió ninguna afectación. Como lo contemplaba el mismo acto administrativo, la decisión precautelativa se levantaría cuando se constara la desaparición de las circunstancias que originaron la actuación del municipio.

En la práctica, la suspensión de actividades no se prolongó hasta que se expidieran las medidas legislativas señaladas, pues la medida fue levantada por decisión del ANLA, una vez esta autoridad constató que ya no se estaban produciendo los hechos que dieron lugar a la decisión del municipio de San Luis.