Ante notario público del Líbano se posesionó como alcalde ad hoc, el secretario de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima, Juan Pablo García Poveda.

El funcionario dentro de esta excepcionalidad tendrá la autonomía de otorgar poder a un abogado, el cual deberá representar judicialmente al municipio en calidad de víctima dentro del proceso penal que cursa en contra del alcalde Jesús Antonio Giraldo Vega ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal.

El nombramiento de García Poveda como alcalde a hoc se da por designación del Ministerio del Interior, previo trámite de impedimento adelantado por la Procuraduría Regional, ante la cual el alcalde del Líbano Jesús Antonio Giraldo, manifestó su impedimento para otorgar poder a un abogado que represente al municipio como víctima en un proceso penal que cursa en su contra.

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  “Es preciso aclarar que esta función de alcalde ad hoc en ningún momento reemplaza las funciones del actual alcalde. Él continuará normalmente con sus actividades”, puntualizó Juan Pablo García Poveda, secretario de Planeación y TIC del Tolima.

Caso Club de Tejo Tayrona

Son varios los casos judiciales que enfrenta el polémico Alcalde del Líbano. El hecho más reciente y uno de los más graves que enfrenta tiene que ver con la imputación de cargos que en octubre de 2022 le formuló la Fiscalía General de la Nación a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima.

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La imputación es por tráfico de influencias para conseguir el lote de club de tejo por un bajo precio, en irregularidades presentadas el 16 de septiembre del año 2013 cuando los funcionarios, según la Fiscalía (Alcalde, Secretario Jurídico de la época y otro),  al parecer, se concertaron para ejecutar maniobras ilícitas con el fin de adquirir por un precio bajo el lote de terreno propiedad del Club de Tejo Tayrona, ubicado en el perímetro urbano del municipio del Líbano, el cual estaba embargado y para remate por un proceso coactivo adelantado en la secretaría de Hacienda municipal.

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Dijo la Fiscalía en la imputación de cargos, que los funcionarios lograron que no se llevara a cabo la diligencia de remate, que se archivara el proceso coactivo por pago de lo adeudado, y gestionaron con miembros de club teniendo como su representante al otro imputado, Arango Castaño, la renovación de la personería jurídica, para que el nuevo presidente les vendiera el terreno por $108 millones, el cual fue escriturado a nombre del asesor jurídico y de dos hijas del mandatario local.

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Agregó la Fiscalía que “Como dicho terreno estaba ocupado por un tercero, con pruebas falsas lograron desalojarlo induciendo en error a la Inspección de Policía y a la Gobernación del Tolima ya que emitió una resolución aceptando el nuevo club con su nuevo presidente y así poder hacer el trámite para beneficio propio”.