El proyecto de vivienda, Ciudad Alminar, fue lanzado por lo alto a inicios de 2020, y recibió una gran acogida por parte de muchos ibaguereños, quienes se sintieron atraídos por lo que prometía el proyecto: 7 fases de vivienda distribuidas en 25 hectáreas; espacios sociales como cancha de fútbol, juegos infantiles, ciclorruta  y servicios públicos autónomos con un pozo de agua profundo de abastecimiento.

Sin embargo, al día de hoy, cerca de cumplirse los 18 de meses de plazo para el inicio del proyecto, varios copropietarios denuncian que desde la constructora se les ha puesto un sinnúmero de trabas para no iniciar la construcción, esperando que varios desistan y pidan su dinero de vuelta.

Según cuentan los denunciantes, la constructora JF tiene un leasing inmobiliario de 18 meses con el Banco de Bogotá, el cual vence en abril de 2023, tiempo en que los compradores iniciales han venido pagando puntualmente sus cuotas mensuales, pero que tristemente no ven ningún indicio de que la construcción vaya a comenzar, por el contrario, solamente reciben excusas de la constructora que los desalientan a seguir en el proyecto.

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Uno de los problemas a los que alude la constructora tiene que ver con el ámbito económico, pues dice que, debido a la subida del dólar, el valor de la mano de obra de construcción ha aumentado también, por lo que estarían tratando de no sostenerse en los contratos firmados inicialmente y asegurando que se trataba de una expectativa de precio, ya que el leasing está firmado directamente con el Banco de Bogotá, denuncian los afectados.

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Otro problema tiene que ver con la disponibilidad del agua que tendrá el proyecto. Como es bien sabido, Ibagué sufre de un grave problema en el suministro de agua constante en algunos sectores de la ciudad, por lo que, para disipar estos temores, la constructora prometió inicialmente que se contaría con un pozo de agua profundo que mitigaría la problemática. Según dicen los propietarios, JF primero dijo que estaban esperando la disponibilidad hidrosanitaria del IBAL y por eso no podían comenzar, y cuando recibieron la disponibilidad, solicitaron una nueva, y así han ido atrasando el inicio de la construcción.

Son alrededor de 100 familias las que están denunciando afectaciones, número que probablemente podría incrementarse hasta llegar a las 650, en caso de que la constructora firme una prórroga por otros 18 meses y no se ponga de acuerdo con los copropietarios iniciales, respecto a lo firmado inicialmente y los daños y perjuicios causados por la prórroga.

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La mayor preocupación de los copropietarios en estos momentos es la viabilidad financiera del proyecto y el cumplimiento total sobre los servicios prometidos inicialmente. Además, del presunto intento de la constructora por hacer retirar a compradores iniciales, y vender las viviendas a precios más altos a nuevos compradores.